En nuestro estado, la rendición de cuentas nació con la promulgación de la Constitución del Estado en el año de 1826, donde se menciona por primera vez la Contaduría General, organismo para revisar las cuentas públicas de aquellos encargados de administrar y aplicar el patrimonio del Estado. Posteriormente al entrar en vigor la Constitución Local de 1861, se especifican las funciones del órgano encargado de supervisar y fiscalizar las cuentas públicas.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí de 1918 llama a este organismo Contaduría de Glosa del Estado y es en el año de 1943 cuando se modifica nuevamente la Carta Local para brindarle facultades al Contador de Glosa fincar responsabilidades a los funcionarios cuando en la revisión de cuentas públicas aparecieran irregularidades.

El 17 de noviembre de 1993 se reforma el numeral 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, con dicha modificación desaparece la Contaduría de Glosa del Estado, para dar cabida a la Contaduría Mayor de Hacienda, organismo facultado para revisar las cuentas públicas, comprobar si las entidades auditadas se sometieron al presupuesto y, en caso contrario, señalar responsabilidades conforme a la Ley.

Con la Publicación de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, el 18 de mayo de 2006 la Contaduría Mayor de Hacienda se convierte en la actual Auditoría Superior del Estado, organismo fiscalizador que se le otorga autonomía técnica, administrativa, de gestión y nace con la intención de impulsar en los distintos entes auditables de los tres Poderes del Estado y los Municipios, sistemas de control interno de sus finanzas públicas a través de mecanismos de revisión; con la finalidad de procurar brindar certeza a los potosinos respecto al manejo de los recursos públicos. En esta Ley se indican las atribuciones, la forma de organización y funcionamiento de la Institución.

Actualmente las transformaciones institucionales han implicado reformas por la aparición de un nuevo marco legal moderno, que se traducen en sistemas nacionales de fiscalización y anticorrupción. Por ello para el año 2017 se deroga la Ley de la Auditoría Superior para dar cabida a la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y que busca generar una legislación de igual manera acorde a la operación del sistema nacional de fiscalización, de manera que esta norma privilegie la prevención pero que, en complemento con la Ley General de Responsabilidades, tener procesos homologados a los principios y normas profesionales que permitan garantizar que las sanciones a que haya lugar tengan una mayor certeza.

Es para el año 2018 cuando se expide una nueva reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, donde además de privilegiar la autonomía técnica y de gestión de la Auditoría Superior del Estado para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, así como para fortalecer el mecanismo de control y evaluación del órgano de fiscalización a través de la Unidad de Evaluación y Control dependiente de la Comisión de Vigilancia.